Por Jorge Nuñez Sánchez,
Fundación Equinoccial.Toda evaluación histórica del alfarismo debe necesariamente analizar el papel que la revolución liberal tuvo en la consolidación definitiva del Estado nacional.
Pero esto, a su vez, sería un ejercicio estéril si no se enmarcara dentro del proceso general de construcción del Estado republicano desarrollado a lo largo del siglo XIX, y en el que la Masonería y los masones tuvieron un rol fundamental.
La Masonería es una institución que estuvo hermanada a la historia de la nación ecuatoriana desde los matinales orígenes de ésta y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad estuvieron presentes en nuestra historia desde la época de Eugenio Espejo y su "Escuela de la Concordia" hasta los tiempos actuales.
De ahí que podamos afirmar que esta institución filosófica fue el principal agente difusor del pensamiento ilustrado, las ideas de independencia, los principios políticos republicanos y finalmente de muchos proyectos de reforma social aplicados en el país, contribuyendo con su acción a cimentar la vida pública y los derechos ciudadanos.
Desde fines del siglo XVIII, la Masonería aportó al país una alternativa de pensamiento libre frente al cerrado monopolio ideológico del sistema colonial.
Y desde los albores del siglo XIX le brindó a la sociedad un corpus de ideas útiles para su desarrollo social y cultural: independencia nacional, democracia republicana, libertad de pensamiento, libertad de prensa, tolerancia política y religiosa y Estado laico fueron algunas de las ideas-fuerza que la Masonería ecuatoriana aportó para el progreso de la república.
Así, pues, la objetividad histórica exige reconocer que sin el ideario de la Masonería, y las acciones y luchas concretas de los masones, la república no habría sido la misma y el pueblo ecuatoriano no hubiera alcanzado muchas de sus libertades públicas, o al menos no en el tiempo y con las características con que efectivamente las alcanzó.
A través de una labor silenciosa y constante, desarrollada en la reserva de sus logias, la Masonería formó moralmente a generaciones enteras de intelectuales y los impulsó hacia la conquista de un amplio horizonte de derechos ciudadanos.
En sus templos se forjaron espíritus combativos y libérrimos como los de José Antepara, José Joaquín Olmedo, Francisco María Roca, José de Lamar, Vicente Rocafuerte, Antonio Elizalde, José María Urbina, Francisco Robles, Juan Montalvo, Pedro Moncayo, Pedro Carbo, Luis Vargas Torres, Eloy Alfaro, José Peralta, Alfredo Baquerizo Moreno, José Vicente Trujillo, Luis Napoleón Dillon, Pío Jaramillo Alvarado, Jorge Carrera Andrade, José de la Cuadra, Benjamín Carrión, José y Alfonso Rumazo González, y Rafael Morán Valverde, quienes a su vez, por medio de su palabra y de su ejemplo, contribuyeron a educar a las nuevas generaciones en una escuela de libertades y de amor a la Patria.
Es poco conocido, pero cada vez más estudiado, el papel que la masonería tuvo en la gestación y desarrollo del pensamiento ilustrado hispanoamericano.
En el caso del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, fue trascendental el papel que cumplieron hombres como el santafereño Antonio Nariño y los quiteños Eugenio Espejo y Juan Pío Montúfar, quienes fundaron las primeras logias masónicas de Bogotá y Quito, respectivamente, y las convirtieron en centros de reflexión patriótica. En el caso particular de nuestro país, fue la logia masónica "Ley Natural", presidida por Montúfar, el núcleo espiritual en el que se gestó el llamado "Primer grito de la Independencia", en 1809, a consecuencia del cual se constituyó la "Junta Soberana de Quito", presidida por el mismo Montúfar e integrada por otros destacados miembros de esa organización.
Otro escenario privilegiado para la difusión del pensamiento liberal-masónico fueron las Cortes de Cádiz (1811-13), donde una amplia mayoría de diputados de ambos continentes pertenecía a las logias francmasónicas.
Así, en la Logia "Integridad Nº 7" de aquel puerto compartían ideas los diputados españoles y americanos, destacando entre estos últimos los diputados quiteños José Mejía, Juan José Matheu y José Joaquín Olmedo.1
Finalmente, cabe resaltar la notable contribución hecha a la independencia hispanoamericana por las logias lautarinas formadas por Francisco de Miranda, a partir de 1795, bajo autorización del Supremo Consejo de la Masonería Primitiva de Francia.
Esas logias, de carácter ultrasecreto, tuvieron como fin específico la preparación de la independencia hispanoamericana.
Se llamaron "Lautaro" Nº 1, "Caballeros Racionales" Nº 2 y "Unión Americana" Nº 3.2.
Para el primer grado de iniciación en ella era preciso jurar trabajar por la independencia de América; y para el segundo, hacer profesión de fe democrática y republicana.3
Estas logias vinieron luego a América y coordinaron las campañas libertadoras.
La "Lautaro" avanzó con el ejército de San Martín desde Buenos Aires a Chile y luego fue al Perú. También fue lautarina la logia "Estrella de Guayaquil", fundada hacia 1810 por José de Antepara, siguiendo instrucciones de Miranda.
Fue ella quien preparó y dirigió la independencia del puerto y organizó luego la Junta de Gobierno, presidida por José Joaquín Olmedo e integrada totalmente por masones, y que tomó como primeras medidas la abolición de la Inquisición, la fundación de escuelas públicas y el establecimiento efectivo de la libertad de imprenta.
Pero el accionar masónico no fue fácil, porque el aparecimiento del Estado Republicano generó choques con la otra gran institución histórica de Hispanoamérica, que fungía como única heredera del sistema colonial: la Iglesia, cuyas funciones traspasaban el campo estrictamente religioso para alcanzar otros ámbitos propios de la autoridad pública, tales como el juzgamiento de delitos, el cobro de tributos, el manejo de la educación y la colonización de territorios.
Siguiendo el ejemplo de la monarquía española, los líderes de Colombia impusieron el patronato estatal sobre la Iglesia, para marcar la absoluta soberanía y hegemonía del Estado republicano.
Además, eliminaron a las Comisarías de la Inquisición y prohibieron la censura eclesiástica a la publicación o importación de libros. Colombia también dispuso la supresión de conventos menores; fijó en veinticinco años la edad mínima para profesar como religiosos; suspendió el nombramiento de prebendas eclesiásticas vacantes, en beneficio del erario nacional; liberó del pago del diezmo eclesiástico a los nuevos cultivos y plantaciones del país, y reguló el cobro de derechos eclesiásticos, en busca de eliminar abusos contra la ciudadanía.
Una vez disuelta la Gran Colombia y constituida la República del Ecuador, los masones ecuatorianos jugaron un importante papel en la conformación y afianzamiento institucional del naciente Ecuador, aunque no fue nada fácil la transición del sistema colonial al republicano, en razón del enorme peso que seguía teniendo la vieja estructura, que resistía a todos los esfuerzos
de reforma social.
Por el contrario, el Estado ecuatoriano pasó a ser manejado por la aristocracia terrateniente, que sustituyó el despotismo monárquico por un presidencialismo igualmente despótico. ¿Cómo cambiar esos malos hábitos o abiertas perversiones del sistema republicano?
¿Cómo estimular la formación de una verdadera ciudadanía, que fuera consciente de sus deberes y derechos y pudiera contrapesar, con su presencia y acción, al bloque de poder clerical-terratenie nte?
Esas fueron las inquietudes que angustiaban a los masones y otros hombres ilustrados del naciente Ecuador. Ellos aspiraban a consolidar una república igualitaria, justa, democrática y tolerante, donde los viejos fanatismos inquisitoriales de los curas y el espíritu aldeano de los hacendados fuera progresivamente sustituido por una cultura liberal, tolerante y abierta al progreso nacional. Y no era que esos masones del Ecuador decimonónico fueran ateos y anduvieran empeñados en destruir a la religión católica y a la Iglesia, como afirmaba el clero fanatizado.
Todo muestra que, por el contrario, eran sinceros cristianos y gentes de recta moral, pero que defendían el derecho a pensar con su propia cabeza. Obviamente, la Iglesia católica resistió por muchos medios a la soberanía del poder republicano.
El conflicto político-religioso alrededor del Patronato Estatal cubriría prácticamente todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y, en sus diversas etapas, los masones ecuatorianos actuarían siempre como defensores de la soberanía nacional y el interés público, que hallaban simbolizados en esta institución jurídica.
Así, el gobierno de Vicente Rocafuerte sostuvo con firmeza este principio y se respaldó en él para sancionar los excesos políticos de la Iglesia y para secularizar el antiguo colegio dominicano de San Fernando.
Posteriormente, en la Convención Nacional de 1845, volvió a debatirse este tema, actuando como defensor de los intereses eclesiásticos el diputado y canónigo cuencano Villamagán 4 y como defensor de la soberanía republicana el doctor Pedro Moncayo, diputado por Imbabura."5
Cuestión importante a reivindicar es que la Masonería, institución fundamentalmente educativa, le dio a la política republicana un horizonte ético y un cuerpo de principios ideológicos, superando así el ruin nivel impuesto por los apetitos oligárquicos y los intereses caudillistas.
En una república naciente, donde los únicos actores de la vida política eran las oligarquías regionales, se volvió urgente iniciar la educación del pueblo soberano, para que algún día éste pudiera reivindicar sus derechos y conocer debidamente sus deberes.
De ahí que la Masonería se preocupó por educar en sus templos a una nueva elite intelectual y política, que fuera capaz de consolidar el proyecto republicano y de llevar a la práctica sus ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Y como parte esencial de esa tarea educativa, enseñó a sus adeptos el principio de que el ejercicio del poder no es un lucro ni una prebenda, sino un servicio público que debe ser ejercido con responsabilidad.
Buen ejemplo de ello fueron las admonitorias palabras con que José Joaquín Olmedo, Presidente de la Convención Nacional de 1835, entregó la banda presidencial a su hermano masón Vicente Rocafuerte, elegido Presidente de la República: "El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede; es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. ...”
Otras enseñanzas inculcadas por la Masonería a sus adeptos, siguiendo los preceptos de su antigua tradición educativa, fueron las referidas a la tolerancia religiosa, la libertad de cultos y el libre pensamiento.
Particular empeño puso en sembrar en la sociedad la virtud de la tolerancia, rechazando toda afirmación dogmática y todo fanatismo, promoviendo el respeto a la opinión ajena y defendiendo la libertad de expresión, todo ello con miras a establecer una cultura de paz y entendimiento y a eliminar los prejuicios de toda índole.
Y para ello, la Masonería no dudó en enfrentarse a una Iglesia prepotente, que se veía a sí misma como el único referente moral de los pueblos, a los que concebía como masas inmaduras y peligrosas, siempre expuestas a la degradación moral y a la anarquía.
La Masonería se irguió entonces como abanderada de las nuevas ideas que sustentaban el poder republicano. Frente a los viejos conceptos políticos que abanderizaba la Iglesia (poder de origen divino, necesidad de un orden estamental, intrínseca peligrosidad de las masas), la Masonería levantó y popularizó ideas tales como el "contrato social", la soberanía popular, la organización democrática del Estado y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Es más, inspirándose en las ideas de Rousseau, argumentó acerca de la intrínseca bondad del pueblo y de su capacidad de autorregulación moral, con lo cual la idea religiosa del "monstruo en calma" pasó a ser cotejada con el concepto liberal de "pueblo soberano".
Sobre tal piso conceptual, los masones ejercitaron desde la prensa, el parlamento, las instancias municipales o los foros académicos la crítica al viejo orden de ideas y reivindicaron el derecho de los ciudadanos al libre pensamiento, a la libertad de cultos, a la tolerancia religiosa y a la oposición civilizada frente a los abusos o excesos del poder. Y el medio principal que los masones escogieron para ejercitar y promover la libre expresión de las ideas fue el uso de la imprenta, por lo cual promovieron la importación de imprentas y la consagración legal de la libertad de imprenta, que comenzó con la emisión de un "Reglamento de Imprenta" por la Junta de Gobierno de Guayaquil, en noviembre de 1821.
Obviamente, esa irrupción del pensamiento libre no podía ser aceptada sin resistencia por los sectores tradicionalistas y oscurantistas, como lo prueban persecución y masacre de los masones de "El Quiteño Libre" por parte del corrupto y brutal gobierno de Flores, o las excomuniones dictadas por vicarios y obispos contra periodistas, políticos o pensadores que
criticaban sus excesos o defendían libertades públicas.
En fin, otro espacio de acción de la Masonería fue la resolución de los grandes problemas sociales heredados de la colonia, tales como la esclavitud de los negros, el tributo de los indios y el concertaje que oprimía a los trabajadores agrícolas.
Pero enfrentar estas cuestiones significaba atacar la esencia de la estructura oligárquico-terraten iente, de la que la Iglesia formaba parte fundamental, en calidad de principal propietaria latifundista del país.
Así, esa estructura se opuso a los proyectos de reforma social del gobierno de Rocafuerte, a la manumisión de los esclavos decretada por Urbina y a la supresión del tributo de indios dictada por Robles. En este último caso, la oligarquía terrateniente apeló al recurso de las armas y al federalismo, desatando una guerra civil que casi liquidó al país. Cuando el país logró ser nuevamente reunificado, bajo el liderazgo de Gabriel García Moreno, se implantó un Estado Oligárquico en el que la Iglesia y la aristocracia terrateniente instituyeron una suerte de "teocracia" medieval, presidida por un tirano ilustrado, pero implacable y cruel. En el ámbito de las libertades ciudadanas, fue sin duda la época más sombría de la República. Entonces, en medio el imperio del fanatismo, los masones salieron en defensa de los intereses nacionales y de los derechos ciudadanos.
Uno de ellos fue el doctor Pedro Carbo,6 quien denunció ante la opinión pública el Concordato firmado con la Santa Sede, instrumento que contenía disposiciones contrarias a la soberanía nacional, atentatorias contra la Constitución del Estado y peligrosas para la libertad y dignidad humanas. Juan Montalvo, por su parte, usó su pluma para ejercitar una prédica moral laica, con miras a formar éticamente a la juventud y prepararla para el derrocamiento de la tiranía garciana.
La respuesta dictatorial fue la emisión de la tristemente famosa "Carta Negra", llamada así por su siniestro contenido, conculcatorio de las libertades ciudadanas.
En ella se impuso como primer requisito de ciudadanía el ser católico (art. 10). Igualmente, se estableció como causal de suspensión de los derechos de ciudadanía el hecho de "pertenecer a las sociedades prohibidas por la Iglesia" (art. 11), lo cual implicaba poner fuera de ley a la Masonería y a cualquier otra organización filosófica, política o religiosa que desagradara al clero o al poder.
Pero esto, a su vez, sería un ejercicio estéril si no se enmarcara dentro del proceso general de construcción del Estado republicano desarrollado a lo largo del siglo XIX, y en el que la Masonería y los masones tuvieron un rol fundamental.
La Masonería es una institución que estuvo hermanada a la historia de la nación ecuatoriana desde los matinales orígenes de ésta y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad estuvieron presentes en nuestra historia desde la época de Eugenio Espejo y su "Escuela de la Concordia" hasta los tiempos actuales.
De ahí que podamos afirmar que esta institución filosófica fue el principal agente difusor del pensamiento ilustrado, las ideas de independencia, los principios políticos republicanos y finalmente de muchos proyectos de reforma social aplicados en el país, contribuyendo con su acción a cimentar la vida pública y los derechos ciudadanos.
Desde fines del siglo XVIII, la Masonería aportó al país una alternativa de pensamiento libre frente al cerrado monopolio ideológico del sistema colonial.
Y desde los albores del siglo XIX le brindó a la sociedad un corpus de ideas útiles para su desarrollo social y cultural: independencia nacional, democracia republicana, libertad de pensamiento, libertad de prensa, tolerancia política y religiosa y Estado laico fueron algunas de las ideas-fuerza que la Masonería ecuatoriana aportó para el progreso de la república.
Así, pues, la objetividad histórica exige reconocer que sin el ideario de la Masonería, y las acciones y luchas concretas de los masones, la república no habría sido la misma y el pueblo ecuatoriano no hubiera alcanzado muchas de sus libertades públicas, o al menos no en el tiempo y con las características con que efectivamente las alcanzó.
A través de una labor silenciosa y constante, desarrollada en la reserva de sus logias, la Masonería formó moralmente a generaciones enteras de intelectuales y los impulsó hacia la conquista de un amplio horizonte de derechos ciudadanos.
En sus templos se forjaron espíritus combativos y libérrimos como los de José Antepara, José Joaquín Olmedo, Francisco María Roca, José de Lamar, Vicente Rocafuerte, Antonio Elizalde, José María Urbina, Francisco Robles, Juan Montalvo, Pedro Moncayo, Pedro Carbo, Luis Vargas Torres, Eloy Alfaro, José Peralta, Alfredo Baquerizo Moreno, José Vicente Trujillo, Luis Napoleón Dillon, Pío Jaramillo Alvarado, Jorge Carrera Andrade, José de la Cuadra, Benjamín Carrión, José y Alfonso Rumazo González, y Rafael Morán Valverde, quienes a su vez, por medio de su palabra y de su ejemplo, contribuyeron a educar a las nuevas generaciones en una escuela de libertades y de amor a la Patria.
Es poco conocido, pero cada vez más estudiado, el papel que la masonería tuvo en la gestación y desarrollo del pensamiento ilustrado hispanoamericano.
En el caso del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, fue trascendental el papel que cumplieron hombres como el santafereño Antonio Nariño y los quiteños Eugenio Espejo y Juan Pío Montúfar, quienes fundaron las primeras logias masónicas de Bogotá y Quito, respectivamente, y las convirtieron en centros de reflexión patriótica. En el caso particular de nuestro país, fue la logia masónica "Ley Natural", presidida por Montúfar, el núcleo espiritual en el que se gestó el llamado "Primer grito de la Independencia", en 1809, a consecuencia del cual se constituyó la "Junta Soberana de Quito", presidida por el mismo Montúfar e integrada por otros destacados miembros de esa organización.
Otro escenario privilegiado para la difusión del pensamiento liberal-masónico fueron las Cortes de Cádiz (1811-13), donde una amplia mayoría de diputados de ambos continentes pertenecía a las logias francmasónicas.
Así, en la Logia "Integridad Nº 7" de aquel puerto compartían ideas los diputados españoles y americanos, destacando entre estos últimos los diputados quiteños José Mejía, Juan José Matheu y José Joaquín Olmedo.1
Finalmente, cabe resaltar la notable contribución hecha a la independencia hispanoamericana por las logias lautarinas formadas por Francisco de Miranda, a partir de 1795, bajo autorización del Supremo Consejo de la Masonería Primitiva de Francia.
Esas logias, de carácter ultrasecreto, tuvieron como fin específico la preparación de la independencia hispanoamericana.
Se llamaron "Lautaro" Nº 1, "Caballeros Racionales" Nº 2 y "Unión Americana" Nº 3.2.
Para el primer grado de iniciación en ella era preciso jurar trabajar por la independencia de América; y para el segundo, hacer profesión de fe democrática y republicana.3
Estas logias vinieron luego a América y coordinaron las campañas libertadoras.
La "Lautaro" avanzó con el ejército de San Martín desde Buenos Aires a Chile y luego fue al Perú. También fue lautarina la logia "Estrella de Guayaquil", fundada hacia 1810 por José de Antepara, siguiendo instrucciones de Miranda.
Fue ella quien preparó y dirigió la independencia del puerto y organizó luego la Junta de Gobierno, presidida por José Joaquín Olmedo e integrada totalmente por masones, y que tomó como primeras medidas la abolición de la Inquisición, la fundación de escuelas públicas y el establecimiento efectivo de la libertad de imprenta.
Pero el accionar masónico no fue fácil, porque el aparecimiento del Estado Republicano generó choques con la otra gran institución histórica de Hispanoamérica, que fungía como única heredera del sistema colonial: la Iglesia, cuyas funciones traspasaban el campo estrictamente religioso para alcanzar otros ámbitos propios de la autoridad pública, tales como el juzgamiento de delitos, el cobro de tributos, el manejo de la educación y la colonización de territorios.
Siguiendo el ejemplo de la monarquía española, los líderes de Colombia impusieron el patronato estatal sobre la Iglesia, para marcar la absoluta soberanía y hegemonía del Estado republicano.
Además, eliminaron a las Comisarías de la Inquisición y prohibieron la censura eclesiástica a la publicación o importación de libros. Colombia también dispuso la supresión de conventos menores; fijó en veinticinco años la edad mínima para profesar como religiosos; suspendió el nombramiento de prebendas eclesiásticas vacantes, en beneficio del erario nacional; liberó del pago del diezmo eclesiástico a los nuevos cultivos y plantaciones del país, y reguló el cobro de derechos eclesiásticos, en busca de eliminar abusos contra la ciudadanía.
Una vez disuelta la Gran Colombia y constituida la República del Ecuador, los masones ecuatorianos jugaron un importante papel en la conformación y afianzamiento institucional del naciente Ecuador, aunque no fue nada fácil la transición del sistema colonial al republicano, en razón del enorme peso que seguía teniendo la vieja estructura, que resistía a todos los esfuerzos
de reforma social.
Por el contrario, el Estado ecuatoriano pasó a ser manejado por la aristocracia terrateniente, que sustituyó el despotismo monárquico por un presidencialismo igualmente despótico. ¿Cómo cambiar esos malos hábitos o abiertas perversiones del sistema republicano?
¿Cómo estimular la formación de una verdadera ciudadanía, que fuera consciente de sus deberes y derechos y pudiera contrapesar, con su presencia y acción, al bloque de poder clerical-terratenie nte?
Esas fueron las inquietudes que angustiaban a los masones y otros hombres ilustrados del naciente Ecuador. Ellos aspiraban a consolidar una república igualitaria, justa, democrática y tolerante, donde los viejos fanatismos inquisitoriales de los curas y el espíritu aldeano de los hacendados fuera progresivamente sustituido por una cultura liberal, tolerante y abierta al progreso nacional. Y no era que esos masones del Ecuador decimonónico fueran ateos y anduvieran empeñados en destruir a la religión católica y a la Iglesia, como afirmaba el clero fanatizado.
Todo muestra que, por el contrario, eran sinceros cristianos y gentes de recta moral, pero que defendían el derecho a pensar con su propia cabeza. Obviamente, la Iglesia católica resistió por muchos medios a la soberanía del poder republicano.
El conflicto político-religioso alrededor del Patronato Estatal cubriría prácticamente todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y, en sus diversas etapas, los masones ecuatorianos actuarían siempre como defensores de la soberanía nacional y el interés público, que hallaban simbolizados en esta institución jurídica.
Así, el gobierno de Vicente Rocafuerte sostuvo con firmeza este principio y se respaldó en él para sancionar los excesos políticos de la Iglesia y para secularizar el antiguo colegio dominicano de San Fernando.
Posteriormente, en la Convención Nacional de 1845, volvió a debatirse este tema, actuando como defensor de los intereses eclesiásticos el diputado y canónigo cuencano Villamagán 4 y como defensor de la soberanía republicana el doctor Pedro Moncayo, diputado por Imbabura."5
Cuestión importante a reivindicar es que la Masonería, institución fundamentalmente educativa, le dio a la política republicana un horizonte ético y un cuerpo de principios ideológicos, superando así el ruin nivel impuesto por los apetitos oligárquicos y los intereses caudillistas.
En una república naciente, donde los únicos actores de la vida política eran las oligarquías regionales, se volvió urgente iniciar la educación del pueblo soberano, para que algún día éste pudiera reivindicar sus derechos y conocer debidamente sus deberes.
De ahí que la Masonería se preocupó por educar en sus templos a una nueva elite intelectual y política, que fuera capaz de consolidar el proyecto republicano y de llevar a la práctica sus ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Y como parte esencial de esa tarea educativa, enseñó a sus adeptos el principio de que el ejercicio del poder no es un lucro ni una prebenda, sino un servicio público que debe ser ejercido con responsabilidad.
Buen ejemplo de ello fueron las admonitorias palabras con que José Joaquín Olmedo, Presidente de la Convención Nacional de 1835, entregó la banda presidencial a su hermano masón Vicente Rocafuerte, elegido Presidente de la República: "El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede; es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. ...”
Otras enseñanzas inculcadas por la Masonería a sus adeptos, siguiendo los preceptos de su antigua tradición educativa, fueron las referidas a la tolerancia religiosa, la libertad de cultos y el libre pensamiento.
Particular empeño puso en sembrar en la sociedad la virtud de la tolerancia, rechazando toda afirmación dogmática y todo fanatismo, promoviendo el respeto a la opinión ajena y defendiendo la libertad de expresión, todo ello con miras a establecer una cultura de paz y entendimiento y a eliminar los prejuicios de toda índole.
Y para ello, la Masonería no dudó en enfrentarse a una Iglesia prepotente, que se veía a sí misma como el único referente moral de los pueblos, a los que concebía como masas inmaduras y peligrosas, siempre expuestas a la degradación moral y a la anarquía.
La Masonería se irguió entonces como abanderada de las nuevas ideas que sustentaban el poder republicano. Frente a los viejos conceptos políticos que abanderizaba la Iglesia (poder de origen divino, necesidad de un orden estamental, intrínseca peligrosidad de las masas), la Masonería levantó y popularizó ideas tales como el "contrato social", la soberanía popular, la organización democrática del Estado y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Es más, inspirándose en las ideas de Rousseau, argumentó acerca de la intrínseca bondad del pueblo y de su capacidad de autorregulación moral, con lo cual la idea religiosa del "monstruo en calma" pasó a ser cotejada con el concepto liberal de "pueblo soberano".
Sobre tal piso conceptual, los masones ejercitaron desde la prensa, el parlamento, las instancias municipales o los foros académicos la crítica al viejo orden de ideas y reivindicaron el derecho de los ciudadanos al libre pensamiento, a la libertad de cultos, a la tolerancia religiosa y a la oposición civilizada frente a los abusos o excesos del poder. Y el medio principal que los masones escogieron para ejercitar y promover la libre expresión de las ideas fue el uso de la imprenta, por lo cual promovieron la importación de imprentas y la consagración legal de la libertad de imprenta, que comenzó con la emisión de un "Reglamento de Imprenta" por la Junta de Gobierno de Guayaquil, en noviembre de 1821.
Obviamente, esa irrupción del pensamiento libre no podía ser aceptada sin resistencia por los sectores tradicionalistas y oscurantistas, como lo prueban persecución y masacre de los masones de "El Quiteño Libre" por parte del corrupto y brutal gobierno de Flores, o las excomuniones dictadas por vicarios y obispos contra periodistas, políticos o pensadores que
criticaban sus excesos o defendían libertades públicas.
En fin, otro espacio de acción de la Masonería fue la resolución de los grandes problemas sociales heredados de la colonia, tales como la esclavitud de los negros, el tributo de los indios y el concertaje que oprimía a los trabajadores agrícolas.
Pero enfrentar estas cuestiones significaba atacar la esencia de la estructura oligárquico-terraten iente, de la que la Iglesia formaba parte fundamental, en calidad de principal propietaria latifundista del país.
Así, esa estructura se opuso a los proyectos de reforma social del gobierno de Rocafuerte, a la manumisión de los esclavos decretada por Urbina y a la supresión del tributo de indios dictada por Robles. En este último caso, la oligarquía terrateniente apeló al recurso de las armas y al federalismo, desatando una guerra civil que casi liquidó al país. Cuando el país logró ser nuevamente reunificado, bajo el liderazgo de Gabriel García Moreno, se implantó un Estado Oligárquico en el que la Iglesia y la aristocracia terrateniente instituyeron una suerte de "teocracia" medieval, presidida por un tirano ilustrado, pero implacable y cruel. En el ámbito de las libertades ciudadanas, fue sin duda la época más sombría de la República. Entonces, en medio el imperio del fanatismo, los masones salieron en defensa de los intereses nacionales y de los derechos ciudadanos.
Uno de ellos fue el doctor Pedro Carbo,6 quien denunció ante la opinión pública el Concordato firmado con la Santa Sede, instrumento que contenía disposiciones contrarias a la soberanía nacional, atentatorias contra la Constitución del Estado y peligrosas para la libertad y dignidad humanas. Juan Montalvo, por su parte, usó su pluma para ejercitar una prédica moral laica, con miras a formar éticamente a la juventud y prepararla para el derrocamiento de la tiranía garciana.
La respuesta dictatorial fue la emisión de la tristemente famosa "Carta Negra", llamada así por su siniestro contenido, conculcatorio de las libertades ciudadanas.
En ella se impuso como primer requisito de ciudadanía el ser católico (art. 10). Igualmente, se estableció como causal de suspensión de los derechos de ciudadanía el hecho de "pertenecer a las sociedades prohibidas por la Iglesia" (art. 11), lo cual implicaba poner fuera de ley a la Masonería y a cualquier otra organización filosófica, política o religiosa que desagradara al clero o al poder.
