Por Jorge Nuñez Sánchez,
Fundación Equinoccial
LA REVOLUCIÓN ALFARISTA
Es sobre ese mar de fondo que debe entenderse la Revolución Alfarista de 1895, por medio de la cual las fuerzas progresistas del Ecuador decimonónico ejecutaron las tareas pendientes de la reforma liberal. Esa revolución fue también la culminación de la larga lucha de los masones ecuatorianos por consolidar el Estado Republicano. Y no podía ser de otra manera, puesto que la mayoría de los grandes actores del proceso revolucionario eran masones y compartían el ideario republicano levantado por sus antecesores en la Orden, que lideraran en su hora la lucha por un Estado laico: Vicente Rocafuerte, Pedro Moncayo, Antonio Elizalde, José M. Urbina, Juan Montalvo, Pedro Carbo y Luis Vargas Torres.
Una vez iniciada la revolución, fue la jerarquía eclesiástica quien levantó la bandera contrarrevolucionar ia. El obispo Schumacher, de Manabí, organizó a las fuerzas católicas para la guerra civil, mientras el Arzobispo de Quito incitaba a las masas católicas de la Sierra a la "guerra santa". Por su parte, los obispos de Riobamba y Loja atizaban el fuego del conflicto en sus jurisdicciones. La entrada de Alfaro en Quito en medio de los aplausos de la multitud, el 4 de septiembre de 1895, no marcó el fin de la guerra civil ecuatoriana sino el inicio de su segunda fase, que habría de durar varios años más, a través de continuos alzamientos armados de los conservadores y el clero, quienes incluso llegaron a retomar Cuenca el 5 de julio de 1896 y a invadir reiteradamente al Ecuador desde Colombia, siendo finalmente vencidos por el ejército radical.
La toma del poder por el radicalismo fue solo el comienzo de un amplio esfuerzo de renovación y modernización de la sociedad ecuatoriana. En cuanto al programa revolucionario, su mejor definición fue quizá el "Decálogo Liberal" publicado en el periódico "El Pichincha" bajo el seudónimo "Somatén", que planteaba:
1º.- Decreto de manos muertas.
2º.- Supresión de conventos.
3º.- Supresión de monasterios.
4º.- Enseñanza laica y obligatoria.
5º.- Libertad de los Indios.
6º.- Abolición del Concordato.
7º.- Secularización eclesiástica.
8º.- Expulsión del clero extranjero.
9º.- Ejército fuerte y bien remunerado.
10º.- Ferrocarriles al Pacífico."
En síntesis, se trataba de una revolución de carácter laico y con fuerte acento anticlerical, que se proponía separar radicalmente al Estado de la Iglesia, refrenar toda intromisión clerical en la política, nacionalizar y secularizar al clero, nacionalizar los bienes de manos muertas y extirpar del país a las órdenes religiosas, por considerarlas instituciones socialmente parasitarias y económicamente acaparadoras de bienes ajenos.
Paralelamente, por medio de la educación laica se buscaba democratizar la acción del Estado, limitar la influencia ideológica de la Iglesia y los sectores conservadores, y crear una nueva conciencia ciudadana, proclive al libre pensamiento y a la tolerancia.
Adicionalmente, contando, como contaba, con el decidido respaldo de unos pocos sacerdotes revolucionarios, que actuaban junto al pueblo y contra los mandatos de su jerarquía, la revolución pretendía estimular el desarrollo de una "iglesia nacional y popular", que se levantara como una alternativa frente a la iglesia oligárquica existente, dominada en buena medida por obispos y sacerdotes extranjeros.
Pero el alfarismo no solo tuvo que enfrentar a sus enemigos del bando clerical-conservado r, sino también a muchos liberales de la vieja escuela, que actuaban como lastre e impedían el ascenso político de la revolución. Esas resistencias externas y contradicciones internas explican las limitaciones que tuvo en la práctica la reforma liberal, vista a la luz de sus propias aspiraciones iniciales o de las metas proclamadas por sus sectores más radicales.
Sin embargo, sus medidas de laicización del Estado y la sociedad ecuatorianos abarcaron una cantidad de aspectos y contribuyeron a democratizar la vida social. Esas medidas fueron básicamente las siguientes:
1.- La separación del Estado y la Iglesia.
En la Convención Nacional de 1896-1897, el grupo radical buscó consagrar en la nueva Constitución el principio de la más amplia libertad de cultos, mientras que el bando liberal defendió el reconocimiento de la religión católica como la oficial de la república.
Lo más que consiguieron los radicales fue que entre las garantías constitucionales se hiciera constar ésta: "El Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de aquellas.
Las creencias religiosas no obstan para el ejercicio de los derechos políticos y civiles". Luego, tras tensas y duras negociaciones con el Vaticano, el gobierno alfarista promulgó la Ley de Patronato, por la que el Estado -siguiendo las huellas de la monarquía española- impuso su soberanía sobre la Iglesia, aunque no rompió el vínculo entre ambas entidades.
Posteriormente, durante el gobierno de Plaza se aprobaron y pusieron en ejecución algunas avanzadas medidas anticlericales, que fijaron definitivamente la separación del Estado y la Iglesia en el Ecuador.
Una de ellas fue la creación, en 1900, del "Registro Civil" de las personas, que vino a sustituir al registro de actos eclesiásticos que la Iglesia había mantenido tradicionalmente en sus parroquias y en el que se anotaban el bautizo, matrimonio y defunción de los fieles.
Otra fue la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 3 de octubre de 1902, que puso bajo control del Estado la unión matrimonial de las personas y su separación legal, cuestiones hasta entonces controladas por la Iglesia y colocadas bajo el Derecho Canónico.
Otra fue la Ley de Cultos, expedida el 12 de octubre de 1904; por la que se permitió el ejercicio de todo culto religioso que no fuese contrario a las instituciones o a la moral, se prohibió que las autoridades eclesiásticas ejercieran cargos de elección popular, se prohibió la inmigración y creación de comunidades religiosas, se sometió a conventos y monasterios al control de las Juntas de Sanidad e Higiene, se estableció que solo los ecuatorianos por nacimiento podían ejercer altas prelaturas eclesiásticas o presidir órdenes religiosas y se fijaron disposiciones de control estatal sobre los bienes y rentas eclesiásticos.
Desde luego, todo ello provocó la airada reacción de la jerarquía eclesiástica, que acusó al Estado de haber instituido el "concubinato público", de haber legalizado las herejías y falsas doctrinas religiosas y de pretender aherrojar a la Iglesia bajo la férula de la masonería.
Durante la segunda administración del general Alfaro, una nueva Asamblea Constituyente dictó la avanzada Constitución de 1906, en la que se consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación absoluta del Estado y la Iglesia y supresión de la religión oficial.
Libertad de enseñanza.
Educación pública laica y gratuita, obligatoria en el nivel primario. Absoluta libertad de conciencia y amplias garantías individuales. Prohibición de ser electos legisladores los ministros de cualquier culto.
