Una madrugada de enero de 1813, el coronel Antonio Landívar fue fusilado, horas después que el general José de San Martín firmara de puño y letra, el “cúmplase” de rigor al pie de la sentencia de muerte.Landívar, capturado en el Alto Perú por los soldados de la independencia, había descollado por su crueldad al frente de las fuerzas empleadas por Goyeneche para sembrar el terror entre la población civil que colaboraba con las tropas libertadoras.
San Martín ordenó el inmediato procesamiento del coronel español por un tribunal militar,”no por haber militado con el enemigo en contra de nuestro sistema, sino por las muertes, robos, incendios, saqueos, violencias, extorsiones y demás excesos que hubiere cometido contra el derecho de la guerra” , según explicaría en un informe al gobierno sobre las razones de su decisión.
En el juicio se demostró que el oficial español había ordenado la ejecución de 54 prisioneros, disponiendo al mismo tiempo que las cabezas y los brazos de los infortunados fueran separados de sus cuerpos y colgados de columnas miliares a lo largo de los caminos a modo de escarmiento para la población.
Landívar reconoció sólo 33 de las ejecuciones que se le imputaban y pretendió defenderse invocando órdenes escritas de Goyeneche, que autorizaban medidas punitivas de éste tipo, no sólo contra militares del ejército de la independencia, sino también contra civiles que simpatizaran o colaboraran con ellos.
San Martín, en su informe al gobierno dijo: “..a pesar del horror que tengo de derramar sangre de mis semejantes, estoy altamente convencido de que es ya de absoluta necesidad de hacer un ejemplar de esta clase. Los enemigos se creen autorizados para exterminar hasta la raza de los revolucionarios, sin otro crimen que el de reclamar éstos los derechos que ellos les tenían usurpados”.
El acusado fue defendido en el juicio militar por un oficial del Cuerpo de Granaderos a Caballo, que intentó refutar los argumentos que inculpaban a Landívar, subrayando la obediencia debida del imputado a las órdenes del alto mando español.
El tribunal dictaminó que la obediencia debida no podía valer para justificar crímenes y otras atrocidades violatorias de lo que el general San Martín describió como “el derecho de la guerra”.
La historia del procesamiento y ejecución del militar español, con todo su contenido argumental y la filosofía que transparenta sobre la ética y los deberes militares, demuestra que el espíritu sanmartiniano, jamás hubiese aprobado las aberraciones cometidas por numerosos uniformados durante la última dictadura militar que masacró a miles de argentinos.
En una palabra, San Martín hubiese defendido, los hoy denominados, Derechos Humanos sin duda alguna.
