Por Cecilia Valenzuela
Anoche escuchaba el despacho de la enviada especial de RPP a Bagua, reportar desde el helipuerto de “El Valor” la llegada de los cadáveres de los policías torturados por los indígenas Awajún-Wampis y Huambisas. La voz de la corresponsal se quebraba al ver los cuerpos con las manos atadas por la espalda y los cuellos degollados. Pero la periodista se refería a ellos como cadáveres, se negaba a decir que eran cuerpos de policías.
Hoy por la mañana en esa misma radio, el periodista que entrevistaba a uno de los líderes de los indígenas que habían tomado el aeropuerto de Trompeteros en Loreto, le pedía a su entrevistado que no se sintiera afectado por sus preguntas y le decía que él no estaba con ninguno de los dos bandos.
Más tarde, cuando leo El Comercio me encuentro con un editorial de Martha Meier, directiva de ese diario y miembro del Consejo Editorial de América TV y Canal N, diciendo con énfasis que la protesta de los indígenas fue pacífica.
La posición de la prensa más influyente de hoy me traslada al primer lustro de la década del noventa, los años más duros de la lucha contra la violencia y el terror. Cuántos cobardes tomaron entonces esa misma posición de aparente neutralidad. Cuántos se tapaban los ojos porque simplemente simpatizaban con el gobierno de Fujimori y apoyaban a las Fuerzas Armadas que funcionaban entonces como su partido político. Cuántos investigamos y exigimos que se investigara hechos de violencia que nos llevó a vivir esos años enfrentados con los mandos militares y policiales.
¿Se está repitiendo la historia? ¿Vivimos la misma situación política que entonces? ¿Cuántos cobardes van a jugar a la cómoda y aparente neutralidad?
Hoy vivimos bajo un régimen democrático débil y los líderes indígenas no tienen la ideología maoísta que tenían los terroristas de Sendero, ni están realizando atentados a nivel nacional. Tampoco hay asesinatos selectivos. Funciona la vigilancia entre poderes y la prensa goza de la mayor libertad. A veces hasta se puede llegar a considerar que la Defensoría del Pueblo exagera jugando su propio juego. Pero hay un ambiente parecido: los líderes indígenas pretenden imponerle por la fuerza sus ideas, o las de los políticos que los manipulan, a toda la Nación y para ello no dudan en ir contra la ley y ejercer la violencia. Su objetivo no solo es la derogatoria de las leyes que permiten el acceso del Estado a la riqueza de la selva, sino también el poder en las tierras que consideran “sus territorios”. Qué cosa no es sino ese grito de ¡Abajo el gobierno genocida! que pregonan en esta y en la otra orilla del río y entre los árboles.
El líder susceptible, entrevistado esta mañana por el periodista imparcial de RPP, decía que la policía los provocaba porque les estaba lanzando bombas lacrimógenas mientras que ellos pacíficamente habían tomado el aeropuerto de Trompeteros, y que el gobierno sería el responsable de los sucesos que pudieran ocurrir porque además estaban enviando refuerzos para desalojarlos. La distorsión total de los derechos y las obligaciones. El líder indígena que cree que es parte de su derecho tomar un aeropuerto y el periodista que piensa que si quien toma el aeropuerto es un poblador amazónico o un pobre, está en su derecho. Pero, ¿Quién sufre la mayor distorsión, el líder de una comunidad perdida en la amazonía o el ilustrado reportero que agarra un micro con alcance a nivel nacional, en Lima?
¿Tiene derecho cualquier ciudadano a impedir el aterrizaje de una aeronave? O a plantarse en una carretera armado de troncos y lanzas e impedir el tráfico de camiones con víveres y buses con pasajeros. ¿Es esa una protesta pacífica? Le gustaría a la accionista del diario El Comercio, Martha Meier, que hoy habla de laprotesta pacífica, que mañana un grupo de canillitas, descontentos con lo que les paga su corporación, le armen una barricada en la puerta de su imprenta impidiendo la distribución de sus cuatro diarios ¿Le llamaría a eso protesta pacífica?
El que impide a otros ciudadanos que ejerzan su libertad de transitar o trabajar está violando la ley y es obligación del Estado ponerlo en orden, y detenerlo si insiste en agredir los derechos de los otros peruanos. El Estado está en la obligación de investigar y establecer quién fue el responsable, material e intelectual, de la masacre que ha sufrido la Policía en Bagua y el Ministerio Público, sin miedo a la prensa que oficia en coro en contra de la ley y del orden, debe procesarlo y condenarlo. Eso nos pasaría a cualquiera de los que pagamos impuestos en el Perú. Ser pobre no le da derecho a nadie a sentarse en la ley.
Es cierto que la ley también garantiza el derecho a la insurgencia, eso es cierto, pero frente a un gobierno dictatorial, que no dialogue, que viole los derechos de los ciudadanos. Pero también es cierto que la ley castiga la rebelión ante un gobierno democrático. Pretender derrocar al gobierno es también una agresión contra todos los ciudadanos que participamos en las elecciones en las que ganó un candidato hayamos o no votado por él. Es decir, nos guste o no nos guste.
Podemos los ciudadanos ser neutrales ante la desgracia de los policías que murieron cumpliendo con su obligación de despejar los caminos, los aeropuertos y los ductos petroleros. Ya quisiera ver uno de los “periodistas neutrales” de RPP o a la señora Meier Miró Quesada, cara a cara con las viudas y los huérfanos que han recibido los cuerpos de sus familiares degollados y con las manos atadas a la espalda.
Defendí los Derechos Humanos durante el gobierno de Fujimori, para eso sí había que tener coraje. Cómo no voy a defender los derechos humanos ahora que vivimos en el marco de un gobierno democrático. Ningún periodista con responsabilidad intelectual frente a su patria y a su tiempo puede, sin siquiera haber enterrado a nuestros muertos, pedir la cabeza de los ministros que se decidieron a actuar.
Así como investigamos y denunciamos a las autoridades corruptas que violan la ley denunciemos a nuestros colegas que alientan con su verbo o su lápiz la violación de la ley, la violencia y el derecho a la vida de los Policías que nos resguardan e intentan hacernos respetar. Respaldemos, sin cobardías frente a las críticas de la colegada, a las autoridades que están haciendo que la ley se cumpla para que nosotros y los ciudadanos, a los que nos debemos, podamos trabajar y vivir en paz.
Anoche escuchaba el despacho de la enviada especial de RPP a Bagua, reportar desde el helipuerto de “El Valor” la llegada de los cadáveres de los policías torturados por los indígenas Awajún-Wampis y Huambisas. La voz de la corresponsal se quebraba al ver los cuerpos con las manos atadas por la espalda y los cuellos degollados. Pero la periodista se refería a ellos como cadáveres, se negaba a decir que eran cuerpos de policías.
Hoy por la mañana en esa misma radio, el periodista que entrevistaba a uno de los líderes de los indígenas que habían tomado el aeropuerto de Trompeteros en Loreto, le pedía a su entrevistado que no se sintiera afectado por sus preguntas y le decía que él no estaba con ninguno de los dos bandos.
Más tarde, cuando leo El Comercio me encuentro con un editorial de Martha Meier, directiva de ese diario y miembro del Consejo Editorial de América TV y Canal N, diciendo con énfasis que la protesta de los indígenas fue pacífica.
La posición de la prensa más influyente de hoy me traslada al primer lustro de la década del noventa, los años más duros de la lucha contra la violencia y el terror. Cuántos cobardes tomaron entonces esa misma posición de aparente neutralidad. Cuántos se tapaban los ojos porque simplemente simpatizaban con el gobierno de Fujimori y apoyaban a las Fuerzas Armadas que funcionaban entonces como su partido político. Cuántos investigamos y exigimos que se investigara hechos de violencia que nos llevó a vivir esos años enfrentados con los mandos militares y policiales.
¿Se está repitiendo la historia? ¿Vivimos la misma situación política que entonces? ¿Cuántos cobardes van a jugar a la cómoda y aparente neutralidad?
Hoy vivimos bajo un régimen democrático débil y los líderes indígenas no tienen la ideología maoísta que tenían los terroristas de Sendero, ni están realizando atentados a nivel nacional. Tampoco hay asesinatos selectivos. Funciona la vigilancia entre poderes y la prensa goza de la mayor libertad. A veces hasta se puede llegar a considerar que la Defensoría del Pueblo exagera jugando su propio juego. Pero hay un ambiente parecido: los líderes indígenas pretenden imponerle por la fuerza sus ideas, o las de los políticos que los manipulan, a toda la Nación y para ello no dudan en ir contra la ley y ejercer la violencia. Su objetivo no solo es la derogatoria de las leyes que permiten el acceso del Estado a la riqueza de la selva, sino también el poder en las tierras que consideran “sus territorios”. Qué cosa no es sino ese grito de ¡Abajo el gobierno genocida! que pregonan en esta y en la otra orilla del río y entre los árboles.
El líder susceptible, entrevistado esta mañana por el periodista imparcial de RPP, decía que la policía los provocaba porque les estaba lanzando bombas lacrimógenas mientras que ellos pacíficamente habían tomado el aeropuerto de Trompeteros, y que el gobierno sería el responsable de los sucesos que pudieran ocurrir porque además estaban enviando refuerzos para desalojarlos. La distorsión total de los derechos y las obligaciones. El líder indígena que cree que es parte de su derecho tomar un aeropuerto y el periodista que piensa que si quien toma el aeropuerto es un poblador amazónico o un pobre, está en su derecho. Pero, ¿Quién sufre la mayor distorsión, el líder de una comunidad perdida en la amazonía o el ilustrado reportero que agarra un micro con alcance a nivel nacional, en Lima?
¿Tiene derecho cualquier ciudadano a impedir el aterrizaje de una aeronave? O a plantarse en una carretera armado de troncos y lanzas e impedir el tráfico de camiones con víveres y buses con pasajeros. ¿Es esa una protesta pacífica? Le gustaría a la accionista del diario El Comercio, Martha Meier, que hoy habla de laprotesta pacífica, que mañana un grupo de canillitas, descontentos con lo que les paga su corporación, le armen una barricada en la puerta de su imprenta impidiendo la distribución de sus cuatro diarios ¿Le llamaría a eso protesta pacífica?
El que impide a otros ciudadanos que ejerzan su libertad de transitar o trabajar está violando la ley y es obligación del Estado ponerlo en orden, y detenerlo si insiste en agredir los derechos de los otros peruanos. El Estado está en la obligación de investigar y establecer quién fue el responsable, material e intelectual, de la masacre que ha sufrido la Policía en Bagua y el Ministerio Público, sin miedo a la prensa que oficia en coro en contra de la ley y del orden, debe procesarlo y condenarlo. Eso nos pasaría a cualquiera de los que pagamos impuestos en el Perú. Ser pobre no le da derecho a nadie a sentarse en la ley.
Es cierto que la ley también garantiza el derecho a la insurgencia, eso es cierto, pero frente a un gobierno dictatorial, que no dialogue, que viole los derechos de los ciudadanos. Pero también es cierto que la ley castiga la rebelión ante un gobierno democrático. Pretender derrocar al gobierno es también una agresión contra todos los ciudadanos que participamos en las elecciones en las que ganó un candidato hayamos o no votado por él. Es decir, nos guste o no nos guste.
Podemos los ciudadanos ser neutrales ante la desgracia de los policías que murieron cumpliendo con su obligación de despejar los caminos, los aeropuertos y los ductos petroleros. Ya quisiera ver uno de los “periodistas neutrales” de RPP o a la señora Meier Miró Quesada, cara a cara con las viudas y los huérfanos que han recibido los cuerpos de sus familiares degollados y con las manos atadas a la espalda.
Defendí los Derechos Humanos durante el gobierno de Fujimori, para eso sí había que tener coraje. Cómo no voy a defender los derechos humanos ahora que vivimos en el marco de un gobierno democrático. Ningún periodista con responsabilidad intelectual frente a su patria y a su tiempo puede, sin siquiera haber enterrado a nuestros muertos, pedir la cabeza de los ministros que se decidieron a actuar.
Así como investigamos y denunciamos a las autoridades corruptas que violan la ley denunciemos a nuestros colegas que alientan con su verbo o su lápiz la violación de la ley, la violencia y el derecho a la vida de los Policías que nos resguardan e intentan hacernos respetar. Respaldemos, sin cobardías frente a las críticas de la colegada, a las autoridades que están haciendo que la ley se cumpla para que nosotros y los ciudadanos, a los que nos debemos, podamos trabajar y vivir en paz.
